Lo impuesto por el coronavirus

Categorias: - abril 9, 2020

 

En nuestra historia nacional, a los estados de conmoción general, vemos que siempre les suceden: actos de heroísmo, muestras de solidaridad y un nuevo impuesto. Así ocurrió con la guerra del Cenepa de 1995, donde nuestras fuerzas armadas consiguieron una heroica victoria, junto a un pueblo unido, solidario y decidido a no dar ni un solo paso atrás, todo esto, aparejado con un impuesto creado al rodaje de los vehículos que se determinó en el 2% de su avalúo.

No fue diferente con el terremoto de 2016 que afectó principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas, donde salubristas, bomberos y policías mostraron su heroísmo, mientras que la ciudadanía en general, solidaria ella, se volcó con donaciones a los damnificados, superando la reacción del propio Estado, para que luego se eleve en 2 puntos porcentuales la tarifa del IVA por un año y se establezcan cuatro contribuciones temporales.

En ambos episodios el denominador común fue, que la economía nacional no se paralizó. Siguió funcionando, con dificultad, pero funcionando. Diferente es hoy. A partir de marzo 17 del 2020, la economía se encuentra, prácticamente, congelada. Los proyectos paralizados. Los pagos, suspendidos. Los cobros, urgidos. Y mientras se aproxima la fecha de pago de la participación laboral por las utilidades del año 2019, crece la angustia de los empleadores por la falta de dinero y nos preguntamos: ¿El mañana que nos espera será similar al lejano ayer en que se paralizó el Ecuador por culpa del coronavirus? Seguramente no.

Debemos reconocer que la situación es mucho más compleja que la producida por una guerra o un terremoto. La emergencia sanitaria provoca que la mayor parte de los empresarios, vean sus ingresos disminuir dramáticamente y saben que la dirección de los acontecimientos los llevará, tarde o temprano, a una falta de liquidez para afrontar el pago de sus obligaciones, entre ellas el pago de su nómina, de las aportaciones al régimen de seguridad social y de los impuestos.

Esta angustia en nada se parece a la vivida en la guerra o con el terremoto. Es similar, más bien, a la que vivimos con el feriado bancario del año 2000, que también tuvo su momento heroico, cuando se decidió dolarizar la economía y un inmenso costo social, que lo asumimos todos de manera solidaria. Lo que no hubo, curiosamente, fue la creación de un nuevo impuesto. En realidad, se sustituyó el impuesto a la circulación de capitales, por el impuesto a la renta general que se mantiene hasta la actualidad. Era obvio, decimos ahora, que a nadie, en su sano juicio, se le habría ocurrido que para hacer frente a la crisis económica del año 2000, era necesario crear nuevos impuestos.

Ahora, también debemos comprender que con la crisis del 2000 existe una diferencia importante. Esta  es que la actual no solo afecta a Ecuador. Ahora no hay dónde emigrar, desde dónde enviar remesas. Este es un gran elemento diferenciador, lo que hace imposible superar la crisis sin crear un impuesto, para atender la emergencia nacional. Más aún cuando el Estado no está preparado para enfrentar con éxito el momento en que debería justificar su existencia. Pero, reprocharle al Estado, en este momento, es no entender la crisis actual. Estamos en una catástrofe humanitaria, donde ya tenemos como héroes a los médicos, salubristas y miembros de las fuerzas de orden público. De la ciudadanía y del empresariado privado vienen las muestras más francas de solidaridad. Solo falta que aparezcan en escena uno o varios impuestos.

Por el momento, lo impuesto por el coronavirus no son tributos. Pero, si la crisis humanitaria nos impone la creación de un nuevo impuesto, que éste sea: único, temporal, voluntario y dirigido a aquellos contribuyentes que, teniendo una mayor capacidad contributiva, se encuentren interesados en regularizar su situación fiscal en Ecuador. Un impuesto al estilo del propuesto en octubre de 2019, dentro del llamado “régimen impositivo voluntario, único y temporal de regularización fiscal” (art.391), contenido en el proyecto de la Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, etc., que terminó siendo rechazado por la Asamblea Nacional el año anterior.

Este tipo de impuesto ya ha sido ensayado en otros países con bastante éxito. En nuestra región,  Colombia (2015-2017), Perú (2017), Chile (2015) y Brasil (2016), establecieron sistemas de regularización, siendo el de mayor recaudación el caso de Argentina (2016-2017) con US$110 millardos, resultado que permite estimar en US$2,5 millardos el potencial de recaudación de este impuesto para Ecuador.

Como vemos, de este impuesto se podría obtener una recaudación muy importante, sin castigar a la gran mayoría de contribuyentes, quienes necesitan, más bien, diferir sus obligaciones a costos menores, frente al rendimiento que puede obtener reinvirtiendo su flujo en generar riqueza. Además, con un régimen de regularización fiscal, se estaría ofreciendo la oportunidad para que ciertos residentes fiscales puedan resolver los pendientes tributarios, cuyos plazos de caducidad y de prescripción se encuentran decurriendo, sin que el Estado, al menos por el momento, pueda contar con información necesaria para iniciar, largos y complejos, procesos de fiscalización con el propósito de cobrar glosas por ingresos no declarados.

Ahora, para que la regularización fiscal sea viable y efectiva, el Estado debe crear el clima apropiado y generar una norma legal que, al menos, considere: a) garantizar absoluta confidencialidad sobre la identidad de los contribuyentes y sobre los bienes regularizados; b) que el Estado se comprometa a otorgar el beneficio fiscal de la exoneración de todo impuesto, actual o futuro, que grave el patrimonio regularizado y sus componentes (activos y pasivos), durante un determinado plazo (p.e. 10 años); c) que la tarifa impositiva sea razonable (p.e. 8%) y que favorezca con una reducción de su tarifa, si se produce la repatriación de capitales; d) Que el plazo para acogerse al régimen de regularización sea suficientemente amplio (p.e. 2 años), considerando las eventuales complejidades para su regularización; y, otros aspectos puramente técnicos, que no es momento de plantearlos.

Esta es solo una opción. Una buena opción. Una que permitiría resolver gran parte del problema fiscal del 2020, sin tener que utilizar ese discurso de que la crisis justifica la necesidad de uno o varios nuevos impuestos, como si los contribuyentes fuéramos culpables de la crisis o responsables del pésimo manejo del dinero público que caracteriza a nuestros gobiernos.

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