Resumen – Guía Concentraciones Económicas
Categorias: - noviembre 26, 2025
Dentro del marco legal ecuatoriano, la concentración económica se traduce en el cambio o toma de control por el cual uno o varios operadores económicos (personas naturales o jurídicas) combinan, adquieren, fusionan o integran sus actividades con otras compañías, generando cambios en el control o estructura de mercado. Suelen darse por fusiones, adquisiciones, joint ventures, transferencias de activos, entre otras figuras de transferencias de activos entre operadores económicos.
El propósito de controlar estas operaciones es evitar que la concentración del poder económico afecte la libre competencia, genere abuso de posición dominante o perjudique a consumidores, proveedores y competidores en general.
A fin de corregir y sancionar estas operaciones, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (LORCPM, 2011) establece las reglas para revisar y aprobar operaciones que puedan modificar la estructura del mercado ecuatoriano.
En esta línea, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), como autoridad competente, es la encargada de analizar y autorizar las concentraciones horizontales o verticales antes de su ejecución cuando superan ciertos umbrales; imponiendo la obligación de que todo cambio a un mercado relevante deba contar con notificación previa y autorización por su parte.
Las concentraciones económicas constituyen un mecanismo legítimo y frecuente en el desarrollo empresarial, pues permiten a las compañías fortalecerse, alcanzar eficiencias productivas y competir en mercados cada vez más dinámicos. Sin embargo, en un país como Ecuador, donde muchos mercados son pequeños y susceptibles a la dominancia, su regulación resulta esencial para evitar que estas operaciones generen estructuras monopólicas u oligopólicas que perjudiquen a consumidores y competidores.
Finalmente, el marco normativo ecuatoriano, encabezado por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y supervisado por la SCPM, garantiza un equilibrio entre promover la inversión y proteger la competencia. A través de la notificación obligatoria, el análisis técnico y la imposición de condiciones cuando es necesario, el Estado busca asegurar que las concentraciones no limiten la competencia ni creen barreras de entrada injustificadas preservando mercados eficientes, transparentes y competitivos.
